La atribución automática de la vivienda familiar custodio de los hijos

La vivienda familiar, entendida como el domicilio donde el matrimonio ha venido desarrollando principalmente su vida, es objeto de cierta protección a través de la legislación civil. Se pueden acusar de lacónicas las evocaciones de la normativa al respecto en muchos casos, pero lo cierto es que la jurisprudencia ha intentado completar e interpretar para ese amparo que ya desde la propia Constitución se pretende. Principalmente, es en los casos de crisis matrimonial cuando cobra mayor importancia el futuro del domicilio que era el habitual de la familia, incrementándose su relevancia si existen hijos de los cónyuges a los que no debe privárseles en ningún caso de continuar, -en medida de lo posible- en el ambiente que venían disfrutando durante la vigencia del matrimonio. Es en virtud de esto, que en supuestos de conflicto, debe siempre regir el principio general de favor filii.

 

Precisamente esto debía de pensar el legislador en su disposición del artículo 96.1 del Código Civil. Por dicho artículo, si no hay acuerdo de los cónyuges que el Juez apruebe, la vivienda familiar será de uso de los hijos y el cónyuge que ostente su guarda y custodia. Este precepto, cuya literalidad resulta bastante definitiva, puede dar lugar a resoluciones injustas o desproporcionadas sin que los tribunales puedan llevar a cabo una interpretación más ajustada a las circunstancias presentes en cada discusión.  Su aplicación automática en una sentencia de divorcio que no considere, por ejemplo, la situación de necesidad del progenitor no custodio cuando en ninguno de los casos los intereses del hijo quedarían desprotegidos, puede convertir la resolución judicial en producto de un abuso de derecho.

 

Sin embargo, son muchas las voces en el ámbito jurídico de abogan por una aplicación menos taxativa de forma que se flexibilice el criterio. Considerando del mandato de este artículo de asignar la vivienda familiar al cónyuge en cuya compañía quedan los hijos, una presunción iuris tantum del interés de éstos. Por esta vía, cabría entonces asignar la vivienda, de acuerdo a la situación más equilibrada sin ignorar en ningún caso la salvaguardia del interés superior de los hijos del matrimonio.

 

Partiendo de esta idea, no ha sido poca la jurisprudencia menor que ha fallado al respecto, aludiendo argumentos referidos a una interpretación teleológica del precepto al que nos referimos; que lejos de imponer una regla beneficiosa en todo caso para el cónyuge que se queda en compañía de los descendientes, tiene como finalidad velar por el derecho de éstos a verse perjudicados lo mínimo posible por el cambio de situación. Así, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva, de 19 de julio de 2013, atribuía el uso de la vivienda familiar al padre mientras que los hijos quedaban en compañía de la madre considerando el interés más necesitado de protección de aquel, ya que los hijos del matrimonio, mayores de edad, “tienen plena capacidad y no constan que tengan limitaciones físicas o intelectivas, por lo que se entiende que no precisan ayuda de sus padres para ser alimentados, ni para realizar su vida diaria, por lo tanto no puede tenerse en consideración que la madre cuida a los hijos para atribuirle el domicilio familiar”. Este es sólo uno de los ejemplos de los límites que pueden traer una resolución, en un principio, en contra de la letra del artículo 96. Otros tribunales, se han referido a la posibilidad del progenitor de disponer un entorno igualmente óptimo para la convivencia con los hijos, en casos de que el domicilio sea bien privativo de la otra parte, o de un tercero y quepa riesgo de desahucio.

 

En cualquier caso, la disparidad de opiniones al respecto ha llegado al Tribunal Supremo, quién ha sufrido cierta evolución en la consideración de la atribución de la vivienda familiar en caso de divorcio. En su sentencia de 14 de abril de 2011, se mostraba contrario a que tal atribución se limitara en tiempo por no entender que lo permitiera así el artículo 96 del C.C., reiterándose en jurisprudencia de años posteriores como la STS de 13 de julio de 2012 o de 17 de octubre de 2013. Sin embargo, en otras decisiones ha modulado su postura, saliendo de su anterior posición rigorista. Así, en su sentencia de 29 de marzo de 2011 considera la posibilidad de atribuir la vivienda familiar al cónyuge que no convive en custodia con los hijos cuando el otro progenitor dispone de un inmueble apropiado que cubre la necesidad del menor.

 

Esta confusión doctrinal y jurisprudencial, provocada por la inflexibilidad de una aplicación literal del artículo 96.1 al que venimos refiriéndonos, se deduce una necesaria reforma de este precepto de forma que permita decisiones judiciales adaptadas a la realidad de las circunstancias que rodeen cada caso, bajo condición siempre, de no descuidar el derecho superior del menor.

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